El llamado de La Plata fue atendido: el bloque de Cambiemos va a la carga para aprobar en el Concejo Deliberante de Tordillo la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley Nº. 14.984), por lo que es fundamental poner en claro lo que representa esta ley y de qué manera repercutiría en la calidad de los servicios brindados por el Municipio de Tordillo y por las demás municipalidades de la provincia de Buenos Aires. La conclusión es que, de ser aprobada, la Ley de Responsabilidad Fiscal pondría en riesgo muchos de los servicios que hoy brindan los municipios a la gente.

Un análisis frío de la ley nos muestra muchas deficiencias y vicios en la técnica legislativa. Ya de arranque, la ley violenta principios constitucionales tanto en su forma como en su contenido y atenta directamente contra el federalismo de nuestro país. La Ley de Responsabilidad Fiscal —por su naturaleza centralista— es de carácter unitario y está diseñada para concentrar todo el poder en pocas manos y dejar a los intendentes como meros escribanos del poder central, como se verá a continuación.

Lo que se perdería en la práctica con la aprobación de la Ley 14.984 es la autonomía de los municipios, cuyas autoridades son elegidas por la voluntad popular para gestionar los recursos con una mirada local. Las autoridades municipales perderían el control sobre el presupuesto, lo que sería un grave recorte en las facultades de los municipios y un atentado contra los intereses de la gente y los servicios locales que recibe. Lo llamativo es que esa quita de autonomía quiere imponerse mediante el establecimiento de limitaciones absurdas que ya se encuentran actualmente bien reglamentadas en la Constitución y no necesitan ser alteradas.

El método elegido para la imposición de esta ley es el apriete. Es constante la amenaza de duras sanciones a los intendentes que no adhieran a ella, sin importar si las cuentas del municipio están en orden o no, lo que es una arbitrariedad y un atropello al derecho a la defensa de los intereses de cada municipio en particular.

¿Qué dicen en Conesa?

Según un asesor legal de la Municipalidad de Tordillo, la responsabilidad fiscal no está en discusión. “Todos nosotros, desde el intendente hasta el último funcionario municipal, estamos de acuerdo con la transparencia en la gestión y es una práctica habitual para nosotros”, afirmó el asesor. “El bloque de concejales de Cambiemos, de manera inconsulta, quiere imponer esto sin ningún diálogo con el Ejecutivo municipal, sin trato en comisiones y sin cuidado de las autonomías municipales”.

De parte de quienes impulsan la ley, el presidente del Concejo Deliberante de Tordillo, Horacio Garay (Cambiemos), no quiso manifestarse. A instancias de Garay, no obstante, logramos comunicarnos con la jefa del bloque de la derecha neoliberal, la concejal Soledad Cabezas.

Cabezas afirmó que la Ley de Responsabilidad Fiscal “no tiene deficiencias técnicas” y que es “buena para la transparencia”, aunque no supo explicar en qué sentido se daría ese beneficio. Sólo se limitó a hablar sobre planillas e información del funcionamiento de la gestión, pero consultada sobre los detalles de la ley no pudo dar ninguna especificación más allá de la insistencia en los beneficios de la “transparencia” y del “cambio”, sin mucha profundidad.

Al ser confrontada con la posibilidad de que la ley limite e imposibilite el trabajo cotidiano del Municipio y ante la hipótesis de que eso podría jugarle en contra en el futuro —ya que la concejal aspira ser intendenta de Tordillo—, Cabezas se desentendió de toda responsabilidad. Le preguntamos, en el hipotético caso de que fuera intendenta y estuviera limitada por la Ley 14.984 que ella impulsa, dónde buscaría los recursos para atender las demandas de la sociedad en materia de salud, educación y políticas sociales. La respuesta de esta concejal nos sorprendió: “Bueno, eso no puedo responder ahora. Primero dejame llegar, el día que yo llegue veremos de dónde sacamos esas cosas. Ahora lo que quiero es que se adhiera a esta ley y el día mañana, cuando llegue ‘ahí arriba’, veré lo que hago”. Pero con respecto a la adhesión a la ley sus argumentos se limitaron a una confianza casi intuitiva, ya que no pudo fundamentar por qué cree que la Ley 14.984 será beneficiosa para los municipios.

Soledad Cabezas negó que existan presiones por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal para que la ley sea aprobada, aunque admitió que la gobernadora tiene mucho interés en esa aprobación y que está dispuesta a dar “ciertos beneficios” a los que cumplan y a “cortarles ciertas cosas” a los que no. Pero presiones, “claramente, no”.

En líneas generales, queda tristemente marcada la profunda ignorancia de los concejales del bloque Cambiemos respecto a los proyectos de ley que impulsan en el Concejo Deliberante. El desconocimiento del articulado y de las consecuencias prácticas de la potencial aplicación de los proyectos convertidos en ley refuerza la sospecha de que estos concejales responden acríticamente a instrucciones bajadas por sus respectivas fuerzas políticas a nivel provincial y/o nacional, o bien que son directamente teledirigidos y mandados a presentarse ante la sociedad con propuestas cuyo detalle ignoran. Las razones de ello pueden estar en una falta de preparación de esos legisladores para ocupar los cargos y escaños para los que son electos o en una férrea conducción de sus partidos, que no admiten democracia interna ni la mínima reflexión por parte de sus miembros. O bien podría ser una mezcla de ambas cosas. Lo cierto que la falta de conocimiento de los concejales de Cambiemos sobre lo que ellos mismos presentan es patente y un hecho muy triste para la ciudadanía que le ha confiado su mandato.

Por su parte, el concejal del bloque unipersonal de UNA, Pedro Echaves, permanece siendo una incógnita: no se sabe cómo va a posicionarse ante este intento de aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. No obstante, fuentes del Municipio afirman no creer que Echaves accederá a ser tan funcional a Cambiemos en un asunto que afecta directamente los intereses del conjunto de la sociedad tordillense.

Irresponsabilidad, autoritarismo e inconstitucionalidad

Sin embargo, más allá de la omisión y la liviandad en las declaraciones y en el accionar de los concejales de Cambiemos, la realidad parecería ser muy distinta a lo que intentan instalar.

El intendente Héctor Olivera dio un ejemplo práctico de cómo la Ley 14.984 afectaría hoy el funcionamiento de los municipios: “Si la Ley de Responsabilidad Fiscal estuviera vigente no habría, como hubo este año, un aumento del 20% para los empleados municipales. Estarían cobrando como máximo un 15% y para colmo en tres cuotas, que serían licuadas por la inflación y serían lo mismo que nada”.

Olivera también marcó una contradicción en el discurso de los que impulsan la aprobación de la ley, específicamente sobre la cuestión del endeudamiento. “Muchas veces, para brindarle un servicio a la comunidad debemos recurrir al crédito. Lo absurdo es que los gobiernos a nivel nacional y provincial, cuya política es el endeudamiento y hasta el endeudamiento externo a plazos de 100 años, nos vengan a imponer la prohibición de que los municipios se financien con crédito”.

Fuentes del Municipio de Tordillo no descartaron, sin embargo, que la ley pueda ser aprobada en el futuro, aunque reiteraron la exigencia de un tratamiento pormenorizado de la cuestión, sobre todo en lo que respecta a la autonomía de los municipios y en la preservación de las garantías constitucionales que asisten a los intendentes en la administración de los asuntos para los que son elegidos por el voto democrático. “Queremos que nos expliquen cómo va a quedar eso”, sostuvo nuestra fuente en el Municipio.

Las realidades de cada localidad

Uno de los puntos más oscuros de la Ley de Responsabilidad Fiscal es el que incide directamente sobre las autonomías municipales previstas en la Constitución. Dichas autonomías fueron creadas en su momento para evitar interferencias nocivas del poder central sobre representantes locales que conocen mucho mejor las necesidades y urgencias de sus territorios en cada momento, justamente porque están allí todos los días.

Por lo demás, la imposición sin análisis ni debate de una ley que pretende limitar el accionar de representantes elegidos por el voto democrático parecería ser, como mínimo, una irresponsabilidad y un desconocimiento de la voluntad popular. Los argumentos de “transparencia” y “ordenamiento” esgrimidos por los dirigentes de Cambiemos sirven de ruido para ocultar el hecho de que, de ser aprobada la Ley 14.984, el ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires pasaría a ser en la práctica y de facto el intendente de los 135 partidos de la provincia, ya que tendría en sus manos la decisión sobre cómo se destinan los recursos en cada una de esas localidades, pero sin tener el conocimiento cabal de las mismas. Ahí está el peligro.

El autoritarismo en el marco de la imposición de esta ley se hace evidente cuando a aquellos que no se manifiestan de manera favorable se los sanciona con medidas económicas, pero a su vez se torna inconstitucional por violar el derecho que poseen los municipios de tener una autonomía que les permita cubrir las demandas de sus comunidades en lugar de estar dependiendo de que las decisiones las tome el poder ejecutivo de la provincia desde La Plata.

El apuro y las presiones que ejerce Cambiemos para aprobar esta ley indican que, más allá de la responsabilidad fiscal, aquí existen otros intereses en juego. Las mañas del viejo unitarismo de antaño se refritan en un intento de gobernar a control remoto desde la ciudad capital. Resta saber si en nombre de una “transparencia” y una “responsabilidad fiscal” que ya existen van a llevar puestas las autonomías municipales y podrán dejar a los intendentes sin capacidad de atender las demandas de la gente en sus territorios. Si eso pasa, los habitantes de los municipios de la Provincia de Buenos Aires pasarán depender de la voluntad de burócratas instalados en La Plata y que, muchas veces, no saben ni siquiera ubicar lugares como Tordillo en un mapa. Y la pregunta será: ¿De qué servirán los 135 intendentes de los partidos de la Provincia, si habrá en la práctica un ministro de Economía unitario y convertido en intendente todopoderoso y central?